Figurar en una lista de morosos puede tener consecuencias muy negativas para particulares y para empresas. La más conocida, no poder tener acceso a un crédito o a un préstamo de entidades que figuran en los registros de la Asociación Nacional de Entidades Financieras de España (ASNEF), en los del CIRBE o en los del RAI.
Se trata de listados de clientes de entidades financieras, pero también de firmas operadoras de telecomunicaciones; de proveedores de servicios de agua, electricidad o gas, de empresas editoriales o aseguradoras que ofrecen productos y servicios a los usuarios a cuenta o a crédito.
El motivo más importante para estar en la lista es no abonar en tiempo el pago de una deuda, de un recibo o de una cuota de esas empresas.
En muchas ocasiones, los particulares conocen que están en una lista de morosos cuando acuden a una entidad bancaria y ésta les niega el crédito o el préstamo y cuando introducen los datos del cliente en sus registros. Se da la circunstancia de que los empleados de las entidades bancarias no pueden facilitar información sobre impagos no resueltos porque tampoco pueden acceder a la información.
Pero, entrar a formar parte de la lista tiene unas obligaciones legales por parte de la entidad a la que se le adeuda la cantidad.
Según la Ley Orgánica 5/1992 las entidades a las que se les adeudan cantidades han de notificar el hecho en un plazo no superior a 30 días, tiempo legal en el que se puede proponer una rectificación argumentada o, en su caso, efectuar la cancelación de la deuda para evitar convertirse en moroso. Son los llamados derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición).
Los derechos de acceso se refieren al del usuario para acceder a los datos relacionados con la deuda y sus condiciones. El derecho de rectificación asiste a los usuarios en el caso de que éste pueda demostrar que los cargos o algunos de los datos relacionados con ellos son incorrectos. La persona ha de aportar información auténtica con la que subsanar, y, en su caso, anular la deuda y salir de la lista que está relacionado con otro de los derechos, el de cancelación.
El titular del fichero, una vez comprobada la exactitud de la reclamación tiene diez días para confirmar por escrito que admite la cancelación o que la deniega. Por último, el derecho de oposición se refiere a la facultad del usuario para pedir que la entidad deje de usar sus datos con fines no previstos en la ley.
En ocasiones, las notificaciones se remiten a direcciones inexactas, llegan a domicilios en los que ya no reside el titular o se pierden las notificaciones, y, en consecuencia, la persona afectada no es debidamente informada. Incluso no dejan de ser raros los malentendidos sobre la información que manejan las firmas que reclaman los pagos y hasta se dan casos en los que las deudas ya han sido saldadas.
En el caso de no ser debidamente informados por alguno de los casos señalados, siempre existe la posibilidad de consultar la relación actualizada, la lista de morosos 2019, y comprobar si se está.
En el territorio nacional, hay tres ficheros de morosos que los expertos consideran como principales. El señalado de la ASNEF, pero también el CIRBE y el RAI. Son relaciones de morosos independientes que requieren la presentación de diferentes tipos de documentos para acceder a sus bases de datos que están recogidas en sus páginas webs.
Para acceder a la de ASNEF, se piden referencias personales como el DNI, el CIF, la dirección postal actual y toda la documentación que se refiere a la deuda contraída. En el caso del CIRBE, sólo hay que rellenar un formulario que se puede completar en línea. En cuanto al RAI, es suficiente aportar el CIF y, a continuación, también hay que rellenar un formulario de solicitud. Se trata de trámites gratuitos, seguros y que pueden delegarse con una autorización debidamente firmada.
Tras enviar la información solicitada en cada una de las plataformas, los usuarios pueden obtener la información actualizada sobre si sus datos están recogidos en la lista de morosos 2019, bien de manera personal en las direcciones de estas entidades, bien mediante una carta certificada en su domicilio. Esta información se presenta en forma de informe e incluye muchos datos relevantes sobre la deuda.
El informe permite saber el monto total de los cargos no abonados, comprobar si se es el auténtico deudor o la fecha de la deuda, hay que recordar que las deudas se pueden publicar hasta un límite de seis años después de verificarse que no se ha abonado el impago. También se puede conocer si el titular de la deuda fue apercibido de la morosidad con un requerimiento previo y si se han cumplido los plazos legales a la hora de recoger al usuario en la lista de morosos.
La Agencia Tributaria española mantiene igualmente una lista de morosos de hacienda que es pública y en la que figuran particulares y empresas que deben al Fisco más de un millón de euros. En 2018, figuraban en la lista de morosos de hacienda 4.318 titulares con cuentas pendientes por impagos a la hacienda pública. El listado está disponible en la web de la Agencia Tributaria añadiendo al buscador la expresión ‘listado de deudores’. Al mismo tiempo se puede saber si se tiene deudas con Hacienda dándose de alta en el sistema de su web y autentificándose con el DNI electrónico.
Así, a la vista de toda esta información ¿qué se puede hacer para salir de un listado morosidad? La manera más rápida y obvia es el abono de la cantidad adeudada y reconocida. Una vez comunicado el pago y tras presentar los recibos de pago correspondientes a la entidad que ha incluido al usuario en el listado, éste recibe una notificación en la que se le confirma que ya no está en el fichero. Así de fácil.
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